España acusa a Bolivia de poner en riesgo la seguridad de diplomáticos

El 27 de diciembre de 2019 las relaciones de Bolivia y España pasaron a otro nivel. De haber colaborado el país gobernado ahora por una alianza de izquierdas (Pedro Sánchez de PSOE y Pablo Iglesias de Podemos) a Bolivia -junto a la Unión Europea, la Iglesia católica y otras instituciones- para la pacificación tras la renuncia y huida de Evo Morales; pasó al centro del huracán luego de que cuatro policías encapuchados, integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), se negaran a identificarse ante el grupo de policías que resguardaban la residencia de la Embajada de México en La Paz y salieran de allí a todo prisa en sus motorizados.

¿Por qué la Policía resguardaba la residencia mexicana? Allí se encuentran -desde la tercera semana de noviembre- altos exfuncionarios de Evo Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, a quienes el actual Gobierno les ha iniciado procesos y se temía que intentaran salir del país. Los vecinos del lugar presenciaron el incidente, lo filmaron y.… en cuestión de minutos la tensión diplomática se elevó.

Desde entonces han pasado casi dos meses. En todo este periodo el Gobierno de España no se había referido al tema, excepto para asegurar que iniciaba investigaciones para conocer qué fue lo que pasó y para expulsar a tres diplomáticos bolivianos, en respuesta al similar proceder al que había recurrido Bolivia.

Este martes el diario El País de España publicó una nota basada en el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de España al que había accedido. De este modo se conoce que el Gobierno de este país acusa al de Bolivia de poner en riesgo la vida de dos diplomáticos (la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero; y del cónsul de España, Álvaro Fernández, que fueron expulsados) y de los cuatro policías encapuchados. 

El informe no solo se queda en eso, también acusa al gobierno de Jeanine Áñez de «falta de voluntad de reconducir constructivamente la situación»; de dar «pábulo a las noticias falsas» y de filtrar «información y fotografías personales de funcionarios españoles (los cuatro GEOs) con los riesgos que ello entraña para la seguridad y el correcto desempeño de sus funciones».

Según España, ¿qué fue lo que pasó el 27 de diciembre?:

Según el documento de Cancillería de España al que accedió el diario El País, la encargada de negocios de la legación española Cristina Borreguero acudió acompañada del secretario de la embajada, Álvaro Fernández Baquerín, a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado para una visita definida como «un desayuno de cortesía», esto a petición de la Delegación de la Unión Europea con el fin de «visibilizar el interés y preocupación de los Estados miembros» con la escalada de tensión registrada entre México y Bolivia, después de que la sede diplomática mexicana acogiera a varios exaltos cargos Movimiento Al Socialismo (MAS).

Borreguero y Fernández alcanzaron a llegar a la residencia de la embajadora mexicana y los policías GEOs se retiraron bajo el acuerdo de retornar a recogerlos. Pasados 45 minutos terminó la visita y fueron llamados a recoger a los diplomáticos y.… ahí se presentó el incidente.
Al negarse a identificarse ante la Policía Boliviana y ante la presencia de vecinos que custodiaban el lugar para evitar que los ‘hombres fuertes’ del gobierno de Evo salieran del país, se produjo el percance.

¿Por qué se cubrieron el rostro? «Ante el cariz que tomaban los hechos y la presencia de personas que les grababan con móviles, los agentes españoles optaron por «cubrirse el rostro» para preservar su identidad e intentar retirarse del lugar. En un primer momento no lo pudieron hacer, porque «se les bloqueó para impedirles la retirada», describe Exteriores. Y cuando consiguieron abrirse paso, el hostigamiento continuó: «Un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia les persiguió embistiéndolos varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada», señala la publicación del rotativo español.

También sostiene que en el momento del incidente la canciller Karen Longaric demoró una hora en responder al llamado de los diplomáticos, en ese tiempo ya había sido puesta al tanto la responsable de Asuntos Exteriores de España, Margarita Robles. 

El documento también destaca que «pese a las explicaciones» que ofreció España al gobierno de Jeanine Áñez, éste decidió expulsar a los dos diplomáticos el 30 de diciembre.