La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz han exigido justicia por la muerte de la periodista Nadia Apaza Ochoa, quien denunció haber sido víctima de violación y revictimización en el sistema judicial boliviano. Ambas organizaciones piden sanciones para las autoridades que, con su accionar, contribuyeron al menosprecio de su dignidad y su vida.
El suicidio de Apaza Ochoa, quien enfrentó un largo proceso de búsqueda de justicia, es señalado como una consecuencia directa de la falta de respuesta y la indiferencia institucional. Según el pronunciamiento de ambas entidades, la periodista sufrió violencia institucional y negligencia por parte de funcionarios judiciales y policiales.
Uno de los hechos más graves denunciados es la declaración de la suboficial Sgto. 2do Delia Delmira Parra Yapita, quien afirmó que la denuncia de Nadia «no procedería porque es su culpa». Estas palabras, según el comunicado, no solo revictimizaron a la periodista, sino que desestimaron su sufrimiento reduciéndolo a una cuestión de «culpa» personal.
Asimismo, se señala que el fiscal Luis Alberto Bayón incurrió en negligencia al dilatar la imputación del presunto agresor, Álvaro Álex Valero, además de no garantizar la verificación de pruebas. Esta omisión habría significado un incumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 260, que exige garantizar justicia para las víctimas.
Las organizaciones periodísticas recalcan que estos hechos reflejan un sistema judicial que normaliza la violencia de género y que revictimiza a las denunciantes en lugar de protegerlas. En este sentido, exigen que las instancias judiciales y policiales apliquen con rigor la Ley 348, diseñada para prevenir la violencia y evitar la revictimización de las mujeres.
Entre las demandas planteadas, la ANPB y el Círculo de Mujeres Periodistas exigen a las autoridades:
Reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia Apaza Ochoa y garantizar respuestas a quienes buscan justicia.
Sancionar con el máximo rigor de la ley a quienes negaron protección y expusieron a la periodista a un mayor riesgo.
Capacitar a funcionarios encargados de atender casos de violencia, asegurando que se apliquen protocolos que eviten la revictimización.
Finalmente, las entidades periodísticas recalcan que la muerte de Nadia Apaza Ochoa no debe quedar impune. «Su voz silenciada será el grito que exija justicia para todas y sanción para los culpables», concluye el comunicado.
