El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, enfrenta una denuncia formal en la justicia argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante sus 14 años de gobierno (2006–2019). La acción fue presentada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y respaldada por organismos de derechos humanos, bajo el principio de jurisdicción universal que permite juzgar este tipo de delitos sin importar el lugar donde ocurrieron, cuando la justicia local es considerada incapaz de actuar de forma independiente.
Los denunciantes sostienen que durante el mandato de Morales se perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo masacres, torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre los casos documentados figuran el del ciudadano alemán Dirk Schmidt, injustamente acusado de terrorismo; el proceso conocido como “Terrorismo 1”, calificado por la justicia boliviana como de motivación política; y la persecución judicial contra Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, quien murió tras ser procesado en más de 250 causas y permanecer años en prisión bajo condiciones extremas.
La denuncia también incluye el caso de Alberto Díez Luque, detenido por error en 2017, tras confundir eucaliptol con cocaína. Los querellantes argumentan que la falta de independencia judicial en Bolivia impide una investigación transparente, y exigen que Argentina intervenga para garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
La causa se apoya en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y busca sentar un precedente internacional frente a la impunidad de los abusos cometidos por el poder político.
