La tensión política en Bolivia se intensifica. A partir de este lunes, simpatizantes del exmandatario Evo Morales anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad de La Paz, acompañadas de un bloqueo nacional de carreteras desde el miércoles. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación de Morales como candidato presidencial, a pesar de su inhabilitación legal.
Enrique Mamani, uno de los dirigentes campesinos afines al exgobernante, declaró que estas medidas buscan presionar al Gobierno y protestar por la crisis económica, marcada por la escasez de dólares y combustible. Según Mamani, los bloqueos se ejecutarán con un “plan hormiga” para dispersar la presencia policial y mantener el control en puntos estratégicos.
El propio Evo Morales reforzó este llamado desde su programa dominical, calificando la semana como “una dura batalla” por la economía y la democracia. La semana pasada, sus seguidores ya marcharon en la sede de gobierno e intentaron ingresar a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), enfrentándose con la Policía en dos oportunidades.
La candidatura de Morales con el partido Pan-Bol enfrenta múltiples obstáculos legales. El exmandatario está inhabilitado por haber ejercido ya tres mandatos presidenciales (2006–2019), mientras que Pan-Bol perdió su personería jurídica tras no alcanzar el 3% mínimo de votos en las elecciones de 2020.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo condenó los recientes hostigamientos contra vocales electorales, tras la detonación de un explosivo cerca de la vivienda de un funcionario en Cochabamba. El vocal del TSE, Francisco Vargas, solicitará medidas cautelares ante la CIDH.
Bolivia atraviesa una etapa de profunda polarización, con el oficialismo dividido y la oposición fragmentada, mientras el calendario electoral avanza hacia unos comicios inciertos y tensos.
