Bolivia se encuentra en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por presuntas deficiencias en su sistema de prevención contra el lavado de dinero. Aunque el país asegura haber cumplido con más del 90 % de las recomendaciones del organismo internacional desde 2021, aún existen vacíos críticos que podrían costarle caro. Entre ellos, la falta de una normativa que autorice técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos o intervenciones telefónicas, lo que debilita las capacidades de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Expertos del Instituto Internacional de Finanzas, como Jonathan Fortun, advierten que si Bolivia ingresa a la llamada “lista gris”, decisión que se definirá el 13 de junio, las consecuencias económicas podrían ser severas. La inclusión implicaría un mayor escrutinio internacional, encarecimiento de las transacciones financieras y restricciones al acceso de financiamiento externo, afectando aún más una economía ya debilitada.
En 2013, Bolivia logró salir de esta lista tras aplicar reformas y aprovechar una coyuntura económica favorable. Hoy, sin embargo, el escenario es más complejo: reservas internacionales en niveles mínimos, controles cambiarios severos y un clima político dividido a meses de las elecciones generales. Esta combinación reduce significativamente la capacidad del país para responder con efectividad.
Analistas y economistas de distintas regiones, como Tarija, advierten que la reputación financiera del país está en juego. Ser incluido en la lista gris no solo pondría en riesgo el comercio exterior, sino también la confianza de los corresponsales bancarios y la inversión extranjera directa.
El GAFI tiene la última palabra. Bolivia, mientras tanto, enfrenta una carrera contra el tiempo para reforzar su marco legal y evitar un golpe a su ya frágil estabilidad económica y política.
