Las canastas de pan vacías en mercados y tiendas de La Paz fueron el rostro visible de una huelga de 48 horas iniciada este jueves por los panaderos bolivianos, quienes exigen al gobierno el cumplimiento de la entrega de insumos subvencionados prometidos desde enero.
La protesta afecta la producción del “pan batalla”, alimento básico en la dieta de los bolivianos, cuyo precio regulado depende directamente de la provisión de harina, azúcar y manteca subsidiadas por el Estado. Ante la escasez, los pocos puestos callejeros disponibles ofrecían pan especial a más del doble del precio habitual, afectando a los sectores más vulnerables.
“Todo julio no nos han entregado los insumos. ¿Cómo vamos a producir así?”, denunció Rubén Ríos, dirigente de la Confederación de Panificadores, en declaraciones a medios locales. Según el gremio, la medida de presión se aplica en cinco de las nueve regiones del país.
El conflicto expone las debilidades en la política de subvenciones del gobierno de Luis Arce. En enero, el Ejecutivo se comprometió a garantizar más del 80% del costo de los insumos esenciales para mantener estable el precio del pan. Sin embargo, los panaderos aseguran que el apoyo no llegó en todo el mes de julio.
La situación ya había generado alertas. En abril, el precio del pan se duplicó en Santa Cruz —el principal motor económico del país— debido a la escasez de materias primas. Panaderos independientes afirman que sólo un 60% de los productores accede realmente a la ayuda estatal.
El gobierno, por su parte, admitió un “desfase” en la entrega de insumos, atribuido a los bloqueos protagonizados el mes pasado por simpatizantes del expresidente Evo Morales. Las tensiones políticas entre Morales y Arce parecen estar agravando la crisis económica, marcada también por la falta de dólares y el suministro irregular de combustibles, ambos también subsidiados.
El año pasado, la subvención a los carburantes costó al Estado 3.000 millones de dólares, un monto que pone en tensión la sostenibilidad del esquema de ayudas. La huelga panadera es un nuevo capítulo en la creciente presión social que enfrenta el gobierno en medio de una economía frágil y crecientes divisiones internas en el oficialismo.
Mientras tanto, las familias bolivianas sienten el golpe directo en su mesa. La ausencia del pan más accesible deja en evidencia que, cuando fallan las promesas del Estado, el costo lo pagan los más pobres.
