El presidente del Comité Cívico Potosinista celebra recientes fallos judiciales a favor de figuras de la crisis de 2019 como una señal de cambio, tras denunciar una persecución política corrupta.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha avistado lo que califica como un “viraje judicial” en Bolivia, luego de una serie de resoluciones que favorecieron a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico Marco Antonio Pumari. Para Alberto Pérez, presidente de la organización, esta nueva postura judicial representa un giro necesario tras una etapa marcada por detenciones arbitrarias y una justicia politizada.
Pérez definió la decisión judicial como “positiva”, subrayando que las prolongadas detenciones preventivas fueron consecuencia de una “persecución política corrupta”, dirigida desde instancias afines al oficialismo. Según él, estos arrestos tuvieron fines “más políticos que jurídicos” y exigen una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema de justicia.
La judicialización de figuras clave como Áñez, Camacho y Pumari fue uno de los capítulos más controversiales del país en los últimos años. Su liberación representa no solo una victoria legal, sino también simbólica, al poner en duda los procedimientos que mantuvieron a estos líderes en prisión durante largos plazos.
Respecto al caso específico de Pumari, fuentes de Comcipo indican que la justicia paceña emitió una libertad pura y simple por el caso conocido como “Golpe I”, aunque el dirigente aún permanece detenido en el penal de Cantumarca —hasta que el viernes se realice una nueva audiencia para revisar los plazos de su detención preventiva—.
Este episodio genera un pulso entre la percepción pública y la institucionalidad judicial: por un lado, se exhibe un sistema capaz de rectificar decisiones controvertidas; por otro, queda pendiente el debate sobre si estos movimientos responden realmente a una justicia independiente o a presiones políticas y reclamos de sectores movilizados.
¿Será este el inicio de una justicia más transparente en Bolivia? La opinión pública, los líderes cívicos y los sectores políticos aguardan atentos a los próximos fallos, con la esperanza de que este giro marque una etapa de mayor imparcialidad. Sin embargo, la sombra del pasado judicial permanece.
