El cuerpo del exjuez involucrado en un caso de presunta corrupción fue encontrado en La Paz, y el informe forense descarta violencia externa; las autoridades abren indagación sobre un posible suicidio.
La Paz, Bolivia – El exjuez de 46 años involucrado en el caso denominado “Consorcio” fue hallado sin vida la madrugada del domingo en su domicilio ubicado en la zona Alto Irpavi de La Paz. Las primeras diligencias policiales y el informe de autopsia realizaron una lectura que apunta al ahorcamiento como causa del deceso.
El fallecido ejercía funciones judiciales y había adquiriendo notoriedad al revelar un audio atribuido a un alto cargo estatal, lo que activó el expediente denominado “Consorcio”, en el que se investigan presuntos vínculos entre autoridades judiciales y ministeriales para influir en fallos. En ese rol, el exjuez había sido imputado, pero cooperó con la investigación y, según fuentes oficiales, cumplía detención domiciliaria en el momento de su muerte.
La autopsia, realizada por tres médicos forenses, determinó que la causa del fallecimiento corresponde a asfixia cerebral por compresión cervical externa, compatible con ahorcadura, y descartó signos de violencia física provocada por terceros. En el lugar del hallazgo se identificó una cuerda de color verde sujeta a una viga del techo, un taladro amarillo que podría haber sido empleado para realizar el orificio en el techo, además de un estilete, dos teléfonos celulares y un cuaderno. Testigos policiales informaron que la esposa del exjuez lo encontró y junto a su hija trataron de liberarlo antes de que llegaran los equipos médicos.
Las autoridades de la fuerza anticrimen dejaron asentado que, en función del resultado forense, la línea investigativa se orienta hacia el suicidio, aunque el proceso permanece abierto para evaluar cualquier antecedente o circunstancia que pudiera cambiar esa conclusión.
El caso adquiere relevancia por varias razones. En primer lugar, el exjuez era la pieza clave para destapar la supuesta red de influencia judicial que involucró a un ministro y vocales del tribunal. Su muerte, en pleno desarrollo del expediente, plantea interrogantes sobre eventuales presiones o riesgos para quienes colaboran con investigaciones de alto impacto. En segundo lugar, la muerte de una figura judicial bajo estas circunstancias afecta la confianza pública en el sistema de justicia, especialmente cuando el país atraviesa tensiones sobre independencia judicial y transparencia.
Como contexto adicional, el expediente en cuestión se gestó luego de que se filtrara un audio en el que un exministro habría ofrecido protección al juez a cambio de emitir una resolución que suspendiera a una magistrada del tribunal supremo. Las autoridades judiciales y policiales respondieron a esa filtración con arrestos de altos cargos, lo que magnetizó la atención pública hacia el sistema judicial boliviano. En ese contexto, la muerte del exjuez agrega una capa de complejidad a la ya polémica trama.
Se debe aclarar que, aunque el informe forense no identifica violencia externa, la abogada defensora del fallecido ha denunciado hostigamiento contra su defendido en semanas previas, lo que abre la posibilidad de que se requiera profundizar la investigación más allá del dictamen inicial. Será necesario esperar el resultado final del Ministerio Público para conocer si la muerte será calificada como suicidio, homicidio o si se añade alguna figura más compleja.
El episodio, por lo tanto, no sólo se enlaza al caso “Consorcio”, sino también al desafío de garantizar paz procesal y seguridad para quienes participan en investigaciones sensibles dentro del sistema de justicia.
