Jeanine Áñez recupera su libertad luego de que el máximo tribunal anulara la condena de 10 años y ordenara su excarcelación este jueves.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quedó en libertad este jueves luego de haber permanecido en prisión alrededor de cuatro años y ocho meses. La decisión judicial que permitió su excarcelación fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló la condena de 10 años que pesaba contra ella por el denominado caso Golpe II.
El TSJ argumentó que la vía ordinaria del proceso penal no era la adecuada para una alta autoridad del Estado como Áñez, y ordenó que el caso se encamine por juicio de responsabilidades, lo que anuló la sentencia previa y permitió su liberación inmediata.
Áñez había sido detenida en marzo de 2021 en el penal femenino de Miraflores, en la ciudad de La Paz, donde se mantuvo hasta esta semana.
A su salida, estuvo acompañada por sus abogados, hijos y un pequeño grupo de ciudadanos que la esperaban en el exterior del centro carcelario.
La exmandataria ocupó la presidencia interina de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales en 2019, en medio de una crisis política. Ese proceso fue motivo de debate nacional e internacional al considerarse por algunos como una transición legítima y por otros como un quiebre constitucional.
En su declaración pública al abandonar la prisión, Áñez afirmó que lo ocurrido en 2019 no fue un golpe de Estado sino un fraude electoral, y aseguró que no se arrepiente de haber asumido la función cuando el país lo necesitó.
El contexto de esta liberación se da en un escenario político en el que el sistema judicial boliviano ha sido objeto de críticas por su capacidad de independencia y por la percepción de que procesos penales de carácter político han sido promovidos o revertidos según el momento. Diversos organismos habían señalado que el debido proceso en el caso de Áñez presentó irregularidades.
Para adelante, el TSJ instruyó que el nuevo procedimiento contra Áñez se tramite bajo la figura legal que corresponde a exaltas autoridades del Estado. Esto significa que el juicio ordinario que culminó en la condena de 2022 queda sin efecto, y el nuevo juicio requerirá autorización legislativa, lo que podría implicar demoras o nuevos debates públicos.
La liberación de Áñez provoca una nueva etapa en uno de los episodios más emblemáticos de la política boliviana de los últimos años, con implicaciones en temas de justicia, transición democrática, y la relación entre poderes del Estado.
