Distintas figuras políticas bolivianas y la Cancillería emitieron posturas encontradas luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense, reflejando polarización interna.
LA PAZ, Bolivia. – La confirmación de una operación militar estadounidense que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa desató este sábado respuestas diversas en Bolivia entre dirigentes políticos, exmandatarios y el gobierno central.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz, saludó la detención de Maduro y ratificó en sus redes sociales el compromiso de Bolivia con la democracia, la institucionalidad y el respeto de los derechos humanos. Señaló que la única salida legítima para Venezuela pasa por respetar la voluntad popular expresada en las urnas, y afirmó que su país seguirá firme en respaldar procesos pacíficos y constitucionales.
En contraste, el expresidente Evo Morales repudió el operativo militar y denunció que constituye una agresión que viola la soberanía de Venezuela. También calificó de “inconstitucional” la postura del actual gobierno boliviano sobre los hechos. El exmandatario y el ex presidente Luis Arce rechazaron la intervención estadounidense y afirmaron que la captura de Maduro equivale a un “secuestro”, instando a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas a actuar para evitar consecuencias graves.
La ex presidenta transitoria Jeanine Áñez, por su parte, consideró que el proceso de recuperación de Venezuela comenzó en julio de 2024 con la elección de Edmundo Gutiérrez y estimó que la caída del régimen venezolano marcado por narcotráfico y represión es irreversible, subrayando el avance hacia la restauración del Estado de derecho.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, celebró la captura de Maduro y aseguró que demuestra la eventual caída de dictaduras, al mismo tiempo que deseó que el pueblo venezolano recupere la democracia, libertad y prosperidad.
En un comunicado oficial, la Cancillería boliviana manifestó su respaldo al pueblo venezolano en el proceso de recuperación democrática y en la restitución del orden constitucional y los derechos humanos. El documento también consideró ineludible iniciar una transición democrática en Venezuela que ponga fin a lo que describió como un “narcoestado” y que restablezca la legitimidad institucional, al tiempo que llamó a la cooperación internacional para asistencia humanitaria y protección civil.
