El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara, realizó este martes una visita a la Reserva Natural de Tariquía, en el departamento de Tarija, donde sostuvo encuentros con pobladores de la zona que denunciaron presuntos atropellos y procesos judiciales en el marco de la defensa de este espacio protegido.
Durante su recorrido, la autoridad se reunió con comunarios de Zaycan, del cantón Chiquiaca, quienes expusieron su preocupación por acciones policiales ocurridas el pasado 5 de enero, cuando —según denunciaron— varias personas fueron maltratadas mientras exigían el respeto a la reserva ecológica, reconocida y protegida por la normativa vigente.
“El solo hecho de pedir el respeto a una reserva ecológica ha derivado en procesos por asociación delictuosa, atentado contra la libertad del trabajo y atribuirse derechos de los pueblos indígenas. Estos procesos se estarían utilizando para amedrentar a la gente”, afirmó el Vicepresidente, tras escuchar los testimonios en el punto de vigilia instalado por los comunarios.
Lara señaló que, con el paso de los días, más sectores de la población se están sumando a la defensa de Tariquía, al comprender su importancia como territorio de alta biodiversidad y fuente estratégica de agua para la región. En ese marco, anunció acciones inmediatas de verificación en la zona donde se desarrollan actividades hidrocarburíferas.
“Vamos a ingresar hasta donde están trabajando los de Petrobras para recabar información. Con todos los datos que verifiquemos vamos a elaborar un informe”, sostuvo la autoridad.
El Vicepresidente también lamentó la ausencia de legisladores nacionales en el lugar y cuestionó la falta de compromiso con la defensa del área protegida. Asimismo, recordó que se solicitaron informes a los ministerios correspondientes para que expliquen, de cara a la población, la situación real de Tariquía.
Durante la visita, Lara recibió documentación y nuevos testimonios de los pobladores, relacionados con compromisos asumidos previamente por el Gobierno. Advirtió que, en caso de no obtener respuestas, se recurrirá a instancias internacionales, al considerar que podrían estarse vulnerando tratados internacionales que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir.
