La crisis por la inestabilidad de suelos en la zona sur de Cochabamba alcanzó un punto crítico. Mediante la Ley Municipal 1786, la Alcaldía declaró el estado de desastre municipal en las OTB Nuevo Amanecer y Bajo Salvador, del Distrito 8, luego de que estudios geológicos e hidrológicos confirmaran que el terreno es inhabitable debido a deslizamientos progresivos.
La emergencia, que se arrastra desde marzo de 2025 y se agravó con las intensas lluvias registradas en enero de este año, afecta de manera directa a 83 familias asentadas en la denominada “zona roja”. De acuerdo con reportes de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), 22 viviendas colapsaron por completo, mientras que otras presentan daños estructurales irreversibles que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes.
“Los resultados de los estudios técnicos son desalentadores; el movimiento de tierra es continuo y la zona es inhabitable”, advirtió el jefe de la UGR, Dennis Rosales, quien reiteró el llamado a las familias que aún permanecen en el lugar a desalojar de inmediato.
Reubicación definitiva y vivienda social
La declaratoria de desastre permite activar mecanismos legales para soluciones de fondo. El presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, informó que el municipio ya gestiona ante el Gobierno central la dotación de terrenos mediante una ley nacional de enajenación, paso indispensable para garantizar la reubicación definitiva de las familias damnificadas.
El plan contempla la intervención de la Agencia Estatal de Vivienda para la construcción de viviendas sociales destinadas a las 83 familias afectadas. Mientras se concreta el proceso, la Alcaldía mantiene albergues temporales habilitados, aunque la mayoría de los damnificados optó por refugiarse con familiares.
Riesgo ampliado: 293 familias vulnerables
Además de Nuevo Amanecer y Bajo Salvador, el municipio identificó a 293 familias en situación de vulnerabilidad en otros sectores colindantes como Alto Cochabamba, 14 de Abril, Universitario y la serranía de Takoloma, zonas que presentan riesgos geológicos e hidrológicos.
Un reciente estudio hidrológico confirmó que las 83 familias ya declaradas en desastre se encuentran en áreas de alto riesgo, por lo que el municipio inició los trámites administrativos para dotarles terrenos seguros y proceder a su salida definitiva de las zonas peligrosas.
Las autoridades precisaron que los predios destinados a la reubicación están a nombre de la Alcaldía y atraviesan un proceso de fraccionamiento, con una vigencia estimada de nueve meses. Posteriormente, mediante una ley nacional, se realizará la transferencia individual a cada familia. Sin embargo, el Gobierno municipal aclaró que los plazos dependen de varias instancias, como Derechos Reales y la Asamblea, lo que impide fijar fechas exactas para la conclusión del proceso.
Obras de mitigación y prohibición de asentamientos
En paralelo a la reubicación, la Alcaldía ejecuta obras de ingeniería hidráulica para evitar que el desastre se extienda a barrios vecinos. Los trabajos incluyen la construcción de galerías filtrantes, la implementación de drenes franceses para evacuar aguas subterráneas y la canalización de escorrentías pluviales.
Asimismo, las autoridades prohibieron estrictamente nuevos asentamientos o construcciones en el área afectada, al advertir que la combinación de una falla geológica activa y la saturación de los suelos eleva el riesgo de nuevos desplomes.
Pese a las socializaciones realizadas, el municipio reconoció que aún existen familias que se resisten a abandonar sus viviendas. No obstante, reiteró que continuará con las gestiones necesarias para priorizar la seguridad de la población y avanzar en soluciones habitacionales definitivas, en el marco de las leyes de declaratoria de desastre vigentes.
