El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la Organización Política NGP, José Carlos Sánchez Verazaín, denunció ser víctima de una guerra sucia sistemática que se ha intensificado en las últimas semanas, en coincidencia con la difusión de encuestas no oficiales que lo ubican entre los aspirantes con mayor proyección electoral en la contienda municipal.
Diversos sondeos exploratorios, difundidos fuera del circuito oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), muestran a Sánchez con una intención de voto en crecimiento, en un escenario altamente fragmentado y con un porcentaje elevado de electores indecisos. Analistas políticos señalan que este tipo de mediciones, aunque no vinculantes ni oficiales, suelen influir en la dinámica de campaña y pueden detonar reacciones políticas cuando un candidato comienza a disputar espacios de poder real.
En ese contexto, el aspirante de NGP enfrenta una demanda de inhabilitación presentada ante el Tribunal Departamental Electoral (TDE) por la diputada de APB Súmate, Claudia Flores, quien argumenta un supuesto incumplimiento del requisito constitucional de residencia mínima de dos años en la jurisdicción a la que postula. La denuncia sostiene que existiría documentación inconsistente que reflejaría un domicilio en el municipio de Tiquipaya, fuera de la jurisdicción de Cochabamba.
Desde el entorno de Sánchez, la acción legal es interpretada como parte de una estrategia de desgaste político, en un momento en el que su nombre empieza a consolidarse en el debate electoral. No obstante, será el órgano electoral el que determine, en el marco de la normativa vigente, la procedencia o no de la denuncia.
El escenario descrito encuentra eco en las propias advertencias del Órgano Electoral. El vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, reconoció la existencia de vacíos normativos para regular la guerra sucia y la desinformación que circulan en redes sociales, particularmente cuando estas provienen de cuentas anónimas o no registradas oficialmente.
Goitia explicó a Antena Centro que el control de este tipo de contenidos enfrenta al menos tres grandes desafíos: una ciudadanía con distintos niveles de capacidad para discriminar información falsa, el rápido avance de la tecnología que dificulta la fiscalización efectiva, y el riesgo de que cualquier intervención estatal derive en restricciones a la libertad de expresión. “El problema es cómo verificar y sancionar sin vulnerar derechos”, sostuvo.
El vocal admitió además que el órgano electoral no cuenta con la capacidad técnica suficiente para realizar procesos exhaustivos de verificación digital, por lo que se requiere la cooperación de agencias especializadas. Sin embargo, estas entidades son privadas y su intervención no siempre garantiza sanciones efectivas, especialmente cuando no es posible identificar a los responsables directos de la desinformación.
Como avance parcial, el TSE incorporó en su normativa la inscripción de cuentas oficiales de candidatos en redes sociales, con el objetivo de delimitar responsabilidades. No obstante, Goitia fue enfático al señalar que la mayor parte de la guerra sucia no se origina en esas cuentas, sino en perfiles paralelos con alto alcance y difícil trazabilidad, lo que limita cualquier acción sancionatoria.
Así, la candidatura de José Carlos Sánchez avanza en medio de una contienda marcada por la polarización, la circulación de encuestas no oficiales y una creciente disputa en el terreno digital. El desenlace tanto de la denuncia presentada como del proceso electoral dependerá de las decisiones del Tribunal Electoral, en un contexto donde la transparencia, la equidad y el acceso a información verificada se convierten en factores clave para la credibilidad democrática.
