La instancia revisará casos no juzgados y prescritos, incluidos los vinculados a la Iglesia, con el objetivo de remitir resultados a la Fiscalía y promover reformas legales.
Bolivia. – El Gobierno encabezado por Rodrigo Paz anunció la creación de una Comisión contra la Impunidad en Delitos Sexuales que investigará casos de agresiones, incluidos los atribuidos a miembros de la Iglesia católica, así como situaciones prescritas o no juzgadas. Los resultados serán remitidos al Ministerio Público y servirán de base para posibles cambios normativos que endurezcan las sanciones contra agresores y encubridores.
La decisión se produce casi tres años después de que el medio EL PAÍS revelara denuncias de abusos en la Compañía de Jesús. A partir de esas publicaciones, la Fiscalía inició una investigación que incluyó el registro de archivos de la orden y el procesamiento de dos de sus exdirigentes por encubrimiento. Ambos fueron condenados a un año de prisión por ocultar las acciones del misionero español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien reconoció en un diario haber abusado de al menos 85 menores en colegios del país durante varias décadas.
El diputado Manolo Rojas explicó que la comisión tendrá la tarea de revisar y fiscalizar denuncias de violencia sexual contra menores que no hayan recibido sentencia, incluyendo casos emblemáticos en ámbitos religiosos. Los trabajos comenzarán en marzo y se habilitará una oficina para recibir denuncias relacionadas con impunidad o demoras en los procesos judiciales.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, indicó que la instancia analizará expedientes con retrasos judiciales y elaborará informes a partir de casos detectados por abogados registrados. Los documentos serán entregados a la Fiscalía y servirán de base para políticas públicas destinadas a la protección de niños y adolescentes.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes valoró la medida, aunque cuestionó no haber sido consultada previamente. Esta organización ha impulsado procesos judiciales contra miembros de la orden jesuita por encubrimientos relacionados con Pedrajas y otros religiosos denunciados.
Entre los abogados que defendieron a los condenados por encubrimiento, Ramón Alaix y Marcos Recolons, figura el actual ministro de Defensa, Marcelo Salinas. Aunque existe sentencia, la congregación ha presentado recursos judiciales, situación que genera inquietud entre víctimas.
Una de las primeras investigaciones anunciadas se centrará en el sacerdote español Lucho Roma, fallecido en 2019, acusado de abusar de más de 70 niñas indígenas entre 1994 y 2005. Documentos internos de la orden registraron confesiones y pruebas que no derivaron en reparaciones para las víctimas. La Fiscalía anunció indagaciones en 2024, sin avances hasta el momento.
Según autoridades, durante décadas estos hechos no fueron investigados en determinados ámbitos, mientras que la respuesta institucional de la Iglesia ha sido considerada insuficiente. La Conferencia Episcopal Boliviana anunció auditorías internas tras las revelaciones, pero no ha publicado resultados detallados ni información sobre procesos canónicos o compensaciones.
El Gobierno prevé además impulsar reformas para endurecer las sanciones por delitos sexuales contra menores, incluyendo la posibilidad de someter a referéndum la implementación de cadena perpetua o la acumulación de penas en este tipo de crímenes.
