Legislador solicita que autoridades cumplan la orden judicial pendiente y advierte que una intervención sin planificación podría provocar conflictos en la región donde el exmandatario mantiene respaldo.
Bolivia. – El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, solicitó este lunes que se ejecute la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales, investigado por presuntos delitos de trata de personas con agravante. El exmandatario permanece desde finales de 2024 en Lauca Eñe, dentro del trópico cochabambino, considerado uno de sus principales bastiones políticos.
El legislador afirmó que corresponde a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad cumplir con las disposiciones existentes. Según señaló, la demora en la ejecución de la medida genera dudas en la población y pone en cuestión el principio de igualdad ante la ley.
Rada también advirtió que cualquier operativo debe realizarse con planificación. Indicó que una intervención mal ejecutada podría derivar en tensiones o enfrentamientos en la zona del Chapare, donde Morales mantiene presencia política y respaldo social.
El exjefe de Estado, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, reapareció recientemente en actos públicos en esa región. En esas intervenciones cuestionó al gobierno encabezado por Rodrigo Paz y sostuvo que las investigaciones abiertas en su contra tendrían motivaciones políticas orientadas a apartarlo del escenario nacional.
Morales rechaza las acusaciones y asegura que no existen pruebas que sustenten los procesos. Las autoridades judiciales, por su parte, mantienen vigentes las órdenes emitidas después de que el exmandatario no asistiera a convocatorias realizadas dentro de las investigaciones.
Entre las disposiciones dictadas en el caso figuran la orden de captura, la inmovilización de bienes y la prohibición de salir del país. Estas medidas forman parte de procesos vinculados a delitos considerados graves, entre ellos la presunta trata de una menor y otras causas en desarrollo.
Rada indicó que la ejecución de la orden corresponde a instancias operativas del Estado, entre ellas la Policía Boliviana, el Ministerio de Gobierno y unidades de inteligencia. Añadió que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se respaldarán las acciones que busquen hacer cumplir las resoluciones judiciales.
En los últimos meses, distintos sectores políticos y ciudadanos han insistido en la necesidad de aplicar las decisiones de la justicia. Paralelamente, seguidores del exmandatario denuncian que existe persecución política, en medio de un clima de tensión persistente en el trópico de Cochabamba.
