El expresidente boliviano, Carlos Mesa, envió una carta a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, solicitándole que se pronuncie sobre la controvertida prórroga de mandato otorgada a consejeros y magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre de 2023.
Mesa argumenta que esta extensión genera una “crisis de institucionalidad democrática y conflicto de poderes en Bolivia”, socavando las bases del orden constitucional y del Estado de derecho. Señala que los funcionarios afectados fueron elegidos en 2017 para un periodo de seis años, que debía concluir el 2 de enero, pero optaron por autoprorrogarse en sus cargos de manera indefinida a través de una declaración constitucional aprobada el 11 de diciembre de 2023.
La declaración, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinominal, argumenta la necesidad de la prórroga debido a la falta de avance en el proceso para elegir nuevos miembros. Mesa destaca la obligación del máximo intérprete de la justicia constitucional de resguardar el orden constitucional y asegurar la supremacía constitucional y el Estado Constitucional de Derecho.
La carta de Mesa busca la intervención de la ONU para abordar esta situación que considera un conflicto de intereses y un beneficio propio de los funcionarios judiciales. La controversia se centra en la interpretación de la constitución y la legalidad de la prórroga, lo que ha llevado a una confrontación sobre la independencia del poder judicial en Bolivia.