El vicepresidente electo destaca la necesidad de fortalecer las instituciones nacionales de seguridad para preservar la soberanía, en medio del debate sobre el posible retorno del organismo antidrogas estadounidense.
La Paz, 26 de octubre de 2025. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el vicepresidente electo, Edmand Lara, planteó que el nuevo gobierno debe primero «restructurar la Policía Boliviana» antes de considerar la presencia formal de la Drug Enforcement Administration (DEA) en el país. Según Lara, una vez consolidada una institución de seguridad renovada, Bolivia podrá “combatir el narcotráfico sin depender de otros países”.
Lara, quien fue exoficial policial, aclaró que la DEA “nunca se fue” del territorio boliviano, en cuanto a operaciones de infiltración, aunque aceptó que no hay oficinas visibles de dicha agencia en Bolivia. “Otra cosa es que la gente conozca dónde tenga su personal, logística u oficinas”, indicó.
El planteamiento surge a raíz de los anuncios previos del presidente electo, Rodrigo Paz, de reactivar el diálogo con organismos internacionales de seguridad y bilateral con Estados Unidos, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico figura como eje de la agenda. Lara indicó que ese enfoque exterior debe ir acompañado de una política interna sólida y con respeto a la soberanía nacional.
En su intervención, el vicepresidente electo hizo hincapié en que ninguna organización extranjera puede “inmiscuirse” en la soberanía boliviana bajo el pretexto de combatir la droga, y pidió que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia para los ciudadanos. “La soberanía del pueblo boliviano se debe respetar”, afirmó.
El anuncio de Lara marca un acercamiento estratégico significativo hacia la política de seguridad que el binomio gobernante desplegará a partir del 8 de noviembre, fecha de la posesión. Al subrayar la primacía de la estructura nacional de investigación y policía, el nuevo gobierno proyecta una línea independiente en materia de cooperación internacional que puede redefinir alianzas y mecanismos de lucha contra el crimen organizado. Asimismo, el equilibrio entre colaboración internacional y autonomía estatal es un tema sensible en el debate público y político boliviano.
Desde hace años, la presencia de la DEA en la región y su vinculación con operaciones antidrogas ha sido objeto de debates respecto a la soberanía y las condiciones de cooperación. En Bolivia, durante los últimos gobiernos, el tema generó tensiones, restricción de acuerdos o limitaciones operativas. La fórmula gobernante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ganó con un discurso que incluyó la promesa de renovar las fuerzas de seguridad y acabar con la corrupción institucional.
El llamado de Lara a dar prioridad a la reorganización policial también conecta con su trayectoria: fue oficial policial, luego denunciante de irregularidades y hoy figura política nacional que se ha comprometido a reformar “desde adentro” las instituciones de seguridad. Esa experiencia le otorga legitimidad al planteamiento, aunque también genera críticas respecto al alcance y la viabilidad de una reestructuración de esta magnitud sin apoyo externo.
No se detalló aún el cronograma concreto de reestructuración de la Policía ni los mecanismos específicos que se emplearán para ello: no se conocen las nuevas competencias, plazos ni los recursos asignados. Tampoco se ha aclarado cuál sería el estatus legal exacto de la DEA en Bolivia tras las negociaciones para cooperación internacional. Obtener esos detalles será clave para evaluar la implementación de esta política.
La postura de Lara abre un espacio de reflexión sobre el equilibrio entre la cooperación internacional en materia de seguridad y la fortaleza institucional interna. Cómo se moverán las negociaciones con Estados Unidos y otros organismos será determinante para la estrategia del próximo gobierno.
