A una semana de asumir, el presidente Rodrigo Paz advierte un saqueo masivo al Estado y asegura que su gestión emprenderá una “autopsia institucional” para reconstruir el aparato público.
El presidente Rodrigo Paz Pereira reveló este fin de semana que su nuevo gobierno detectó un presunto robo de al menos US$ 15.000 millones en las arcas del Estado, tras una primera evaluación realizada en apenas siete días desde su posesión. Según él, los responsables deben rendir cuentas y “no habrá impunidad”.
Durante una conferencia de prensa junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el mandatario calificó la administración heredada del MAS y de Luis Arce como una “cloaca con tentáculos”, para ilustrar la profundidad y la complejidad de las redes de corrupción identificadas. Asegura que la cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones, ya que aún debe certificarse y documentarse con auditorías ministeriales.
Paz explicó que su gobierno está realizando lo que definió como una “autopsia al Estado”: no busca solo una transformación, sino reconstruir un aparato público debilitado. “El Estado está muerto”, afirmó, porque, según él, “quien se roba más de US$ 15.000 millones mata al Estado que debía servir al pueblo”.
Como ejemplo del supuesto desfalco, mencionó la compra de radares por más de 360 millones de euros que, según su evaluación, no funcionan tras más de una década de haber sido adquiridos. Este caso, señaló, es solo una de las muchas anomalías detectadas hasta ahora.
Paz añadió que parte del presupuesto para la gestión —según su administración— ya fue gastado antes del cambio de mando. “No hay platita. Se gastaron toda la platita”, denunció, afirmando que recibió un Estado sin liquidez y con compromisos desordenados.
Con miras a actuar, ordenó a Lupo coordinar denuncias puntuales en cada ministerio, con sustento legal y pruebas concretas. “Cuando alguien ha robado tanto, esto no puede ser político; tiene que llegar a la justicia”, señaló. Su gobierno plantea presentar recursos ante instancias judiciales para procesar a los implicados, sustentando cada caso con documentación.
Además, Paz aseguró que su administración trabaja en reformas institucionales inmediatas: planean emitir decretos y resoluciones que permitan un Estado más ágil. Su misión es reordenar la burocracia pública para garantizar que los recursos se usen de forma eficiente y transparente.
En paralelo, el presidente garantizó el abastecimiento de gasolina y diésel, pero advirtió que existen redes criminales dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vinculadas al contrabando. Dijo que estas mafias forman parte del mismo entramado corrupto que ha debilitado al Estado.
El contexto en el que hace estas denuncias es especialmente delicado: Paz tomó posesión el 8 de noviembre y en menos de una semana su administración ya reporta hallazgos graves en la gestión anterior. Su discurso combina una fuerte denuncia con promesas de transparencia institucional y sanción a los responsables, mientras se presenta como un gobierno decidido a cerrar ciclos de impunidad.
