El juez obtuvo el grado de Doctor en Derecho Constitucional con una investigación centrada en la acción de repetición y el equilibrio entre la responsabilidad de los servidores públicos y la independencia en el ejercicio de sus funciones.
El juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Cochabamba, Dante Ojopi Alquiza, alcanzó el grado académico de Doctor en Derecho Constitucional otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), tras defender y aprobar satisfactoriamente su tesis doctoral, una investigación que plantea fortalecer los mecanismos de responsabilidad de los servidores públicos y proteger los recursos económicos del Estado.
Su trabajo académico estuvo orientado al análisis de la acción de repetición, sus fundamentos constitucionales y sus alcances como instrumento jurídico para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que, mediante conductas dolosas o negligencia grave, ocasionan daños económicos que deben ser reparados por el Estado.
La propuesta plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que permitan recuperar los recursos públicos, estableciendo criterios claros para identificar y determinar responsabilidades. Asimismo, busca mantener un equilibrio entre la protección del patrimonio estatal y la independencia necesaria para el legítimo ejercicio de la función pública, evitando que los errores razonables se conviertan en motivos de persecución o temor institucional.
Este aporte académico abre una reflexión sobre la importancia de consolidar una gestión pública responsable, con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, pero también con garantías que permitan a los servidores públicos desempeñar sus funciones sin presiones indebidas.
Para el jurista, la formación académica constituye una responsabilidad permanente, especialmente para quienes tienen la delicada tarea de administrar justicia y contribuir a la protección de los derechos fundamentales.
Con la defensa y aprobación de su tesis doctoral, Dante Ojopi Alquiza aporta al debate jurídico sobre la responsabilidad en la función pública, la defensa del patrimonio estatal y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
